A partir de la presentación oficial del proyecto de reforma de la Ley que regula el servicio público en educación superior (Ley 30 de 1992), por parte del gobierno nacional hace una semana, son varias las reacciones y el debate que se inicia. Así, considero importantes las intervenciones realizadas hasta el momento en distintos medios de comunicación por parte de los Rectores de la Universidad Pedagógica Nacional y la Universidad Nacional de Colombia, quienes sitúan la discusión en un tono de reflexión seria frente a este momento histórico del país.
En lo que sigue, realizo una síntesis de algunos aspectos que conviene tengamos en cuenta, para aportar a la movilización de ideas que logren reorientar la mencionada propuesta de Ley que, entre otras cosas, conduciría a la mercantilización de la educación y dispararía los niveles de inequidad en la sociedad colombiana (Ver propuesta de Ley).
1. El proyecto de reforma de la Ley 30 desconoce de entrada lo consagrado en la Constitución Política de 1991 en términos de que somos un Estado social de derecho. Así, olvida que la educación es un derecho de las personas y un servicio público el cual debe garantizar el Estado. Este último, al delegar al sector privado su responsabilidad de inyectar recursos económicos en el sector universitario público, hace caso omiso a lo dispuesto en la Constitución, entre otros, en lo que versa en su artículo 67 (Ver Constitución política de Colombia).
2. El contenido del documento presentado por el gobierno tiene dotes más de una nueva Ley que de una reforma estructural de la misma. Como bien lo señala el Rector de la Universidad Pedagógica Nacional, el proyecto obedece más a una política de gobierno que a una política de Estado. La primera, se reduciría a las necesidades y pretensiones en el tiempo de duración del actual gobierno. La segunda –política de Estado– tendría un carácter permanente y no se vería afectada por las transiciones de gobierno, es decir que obedecería a un interés fundamental por lo que sería un deber conservarla permanentemente. Ello implicaría entonces la elaboración de una propuesta de Ley más seria y responsable de cara al futuro educativo en el nivel superior de nuestra nación.
3. No es conveniente, inicialmente, condenar el proyecto de Ley y satanizarlo en tanto se le considere como una herramienta de privatización, lo cual no quiere decir que no se deba estar alerta y tomar las medidas del caso en el seno de las universidades públicas. Así, uno de los aspectos más relevantes de la propuesta es cómo se le abre la puerta al sector inversionista nacional y extranjero, a través de la posibilidad de que instituciones de educación superior (IES) se puedan lucrar económicamente. Como bien lo han manifestado los mencionados rectores y otras personas del sector educativo, no se sabe bien cuál es la pretensión en esto ya que, por ejemplo, las universidades públicas hace muchos años vienen captando recursos del sector privado a través de asesorías, consultorías, proyectos de investigación y desarrollo, y demás acciones de formación e intervención social. La crítica al proyecto de Ley es que las IES al tener ánimo de lucro pondrían en riesgo la calidad del servicio de las universidades públicas, dado que la competencia sería poco equitativa.
Imaginemos que en un futuro no muy lejano el sector financiero, por ejemplo, funde IES a su nombre con todas las condiciones de infraestructura. Lo más seguro es que este tipo de instituciones ofrecerían parrillas de programas educativos sin el mayor rigor académico, sino con la firme idea, como lo consagra la propuesta de Ley, de aumentar la cobertura y el servicio. Aquí como se podrán darse cuenta no hay menores indicios de una educación de calidad.
Sobre este tema el Rector de la Universidad Nacional pone un claro ejemplo de cómo la educación básica y media pública perdió competitividad y calidad en el servicio, lo cual se visualiza en cómo los padres de familia prefieren matricular a sus hijos en instituciones educativas privadas antes que en una pública. El desprestigio y la debilidad en la calidad del servicio de esta educación es cuestionada y el Estado no ha dado mayores indicios de que quiera revertir esta situación. Otro ejemplo que puede recrear el panorama recargado de lo que se avecina, es cómo se abriría la oferta de programas de tipo técnico y tecnológico como ya lo están haciendo IES cuyas dueños son conocidas Cajas de Compensación Familiar donde lo que importa es la cantidad de estudiantes inscritos.
Dejo estas líneas, por ahora, como una invitación a compartir sus pensamientos sobre este acontecer nacional. Próximamente me referiré a otros temas importantes de esta propuesta de Ley de regulación del servicio público de educación superior.
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